Una comisión de aproximadamente 40 personas, lideradas por autoridades locales de Challapata, se dirige a La Paz a primeras horas de la tarde para presentar al ministro, Juan Ramón Quintana, y al presidente Evo Morales una plataforma de siete puntos elaborada ayer con miras a solucionar el problema en la zona tras la violenta intervención policial.
La comisión quiere un encuentro urgente con el presidente para estrategias de solución al problema del comercio ilegal de vehículos, en vista de que fue interrumpido el último proceso de nacionalización; explicar la situación que vive Challapata y las consecuencias del operativo militar; pedir al Gobierno la implementación de proyectos alternativos en esta localidad para remplazar el ingreso económico que tienen los jóvenes y los que se dedicaban al comercio de vehículos indocumentados; y solicitar el cierre de fronteras.
El pliego petitorio es el siguiente:
1. Restablecimiento del orden público exhortando a la pacificación
2.- Pedimos a las autoridades nacionales el respeto a los derechos constitucionales
3. Exigimos el esclarecimiento de los fallecidos y heridos a consecuencia de la intervención y la identificación de los responsables
4.- Reunión de manera inmediata con el presidente del Estado para tratar el plan Pichay
5.- Exigimos a las autoridades una solución alternativa para la creación de nuevas fuentes de trabajo en el municipio de Challapata
- Promulgación de una ley para el desarrollo integral de la provincia Abaroa
- Creación de una zona franca en el municipio de Challapata
- Estrategias de solución al problema del comercio ilegal de vehículos en vista de que ha sido interrumpido el último proceso de nacionalización
6.- Reprochamos la acción por parte de las fuerzas armadas por no tomar en cuenta formas alternativas de solución
7.- Instalación de una oficina de migración para el control de extranjeros que causan actos delictivos
Una reducida comisión de autoridades locales acudió ayer al Regimiento Méndez Arcos para hablar con los representantes militares que quedaron a cargo de la operación Pichay, pero las propuestas que llevaron fueron rechazadas por los jefes castrenses.
Los militares acusaron en la reunión a las autoridades civiles de haber permitido el ingreso de vehículos y del crecimiento de la violencia, y les dijeron que no habrá retroceso en esta operación, aunque hasta el momento ya no se registraron más incursiones.
Los dirigentes esbozaron un pliego que tenía inicialmente cuatro puntos, según se dio a conocer a la prensa, pero luego fue ampliado.
Los pobladores denunciaron que son los propios militares quienes reciben pagos de los chuteros para dejar pasar estos autos en las pampas de Huari y en la comunidad de Q’akachaca
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