En Santa Cruz, nueve de las 15 provincias están acosadas por la toma irregular de tierras productivas que, según denuncias formalizadas en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), afecta a unas 28.730 hectáreas agrícolas y ganaderas.
El accionar, cada vez más violento, de grupos organizados y armados con supuesta información oficial sobre la situación legal de predios, se desbordó con el caso de la colonia menonita El Tinto, distante 160 kilómetros al este de Santa Cruz.
Precisamente, este hecho que movilizó al Gobierno y autoridades judiciales y policiales se ha convertido en la ‘punta de lanza’ de los sectores afiliados a la CAO que han denunciado 66 invasiones a predios agropecuarios. Del total, 47 son agrarios y 19 ganaderos.
La posesión indebida y silenciosa y el hecho de que las ocupaciones se concentren en nueve de 15 provincias cruceñas (Cordillera, Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Andrés Ibáñez, Warnes, Obispo Santistevan, Sara y Velasco) son temas que tienen en alerta a los sectores productivos cruceños que critican la pasividad y lenta reacción del Gobierno para resolver los líos de tierras.
Obispo Santistevan, Ñuflo de Chávez y Chiquitos –que centralizan la producción agrícola y pecuaria- son las provincias más afectada por invasiones.
La CAO estima que el área afectada por asentamientos humanos irregulares alcanza 28.730 hectáreas. Santa Cruz tiene aproximadamente dos millones de tierras productivas.
Por la forma de proceder y la logística que emplean, los productores creen que detrás de las invasiones hay bandas organizadas armadas que actúan en complicidad con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Basan su hipótesis en el hecho de que los invasores manejan información de las propiedades que no poseen documentación completa, por falta de resolución final de saneamiento, título de propiedad o tienen en curso el trámite de titulación del predio.
A juzgar por fuentes de sectores productivos, en el INRA hay tráfico de información y la base de datos dejó de ser secreta.
INRA descalifica acusaciones
El director nacional del INRA, Juanito Félix Tapia, objetó la relación de predios invadidos, al indicar que la CAO, el sector pecuario y soyero presentaron una lista que incluye 20 propiedades y no las que indican.
Según él, el INRA solo tiene competencia para intervenir en casos de predios invadidos en proceso de saneamiento o que sean tierras fiscales, no así en propiedades tituladas. En este último caso, los propietarios deben acudir a la Fiscalía o juzgados agroambientales.
Tapia dijo que el INRA tomará acciones para hacer respetar las tierras fiscales disponibles y no disponibles de ocupaciones ilegales ejecutadas por grupos que constituyen supuestas comunidades, empresarios o extranjeros. Dijo que se procederá a desalojar a quienes tomen tierras ilegalmente o cuando se detecten asentamientos no reconocidos formal y legalmente.
Con relación a las acusaciones sobre funcionarios de la institución que supuestamente coordinan con los ocupantes de tierras, Tapia indicó que el proceso de saneamiento es un acto público en el que participan los beneficiarios, colindantes y el control social de conformidad con los artículos 7 y 8 del reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y que en ese marco el INRA coordina con organizaciones campesinas, indígenas, originarias, interculturales, pecuarias y sectores legalmente constituidos.
Según el INRA, en 2012 se ejecutaron acciones administrativas silenciosas para desarticular grupos irregulares, organizaciones ilegales que se hacían pasar por comunidades campesinas, interculturales, indígenas o empresariales.
El vicepresidente Álvaro García Linera indicó que se dispuso ‘inteligencia policial’ para dar y encarcelar a los promotores de tomas de tierras.
Así opinan los sectores
“El Gobierno tiene que dar seguridad jurídica para no desalentar la producción de alimentos y evitar la fuga de inversiones. Debe primar la obediencia a las leyes”.
Demetrio Pérez | Presidente de Anapo
“Vemos que falta voluntad política por parte de instancias del Gobierno para frenar los abusos y las tomas de tierras que comprometen la actividad productiva de la región”.
Héctor Sandóval | Gerente general de Fegasacruz
Análisis
“Toman tierras por intereses mercantilistas”
Alcides Vadillo | Director de la Fundación Tierra Scz
Cuando uno hace un análisis comparativo llama la atención de lo que fueron las tomas de tierras entre el 2002 y 2005 que fueron ejecutadas por los movimientos sin tierra, hoy en día se advierte que son grupos dispersos.
Un segundo elemento es que antes invadían predios de extranjeros que no cumplían la Función Económica Social (FES) o que tenían observaciones sobre su legalidad o que no estaban en producción. Ahora apuntan a propiedades saneadas o que están en proceso, aspecto que nos dice que no hay observación al tema de legalidad. Ocupan propiedades productivas sin que se cuestione el cumplimiento de la FES, lo que hace pensar que lo hacen con un criterio e interés económico.
Las tomas de tierras que se dieron entre 2002 y 2005 llevaban implícitas acciones ideológicas, sociales y políticas, ahora tienen una justificación únicamente económica, porque ‘avasallan’ tierras con alto valor productivo y económico para negociarlas como mercancías
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