Concejo municipal de San Ramón denuncia a Alcadesa por hechos irregulares

Representantes del Concejo Municipal de San Ramón llegaron a la sede de Gobierno para denunciar a la alcadesa de esa región, Margot Arriaga, ante la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público y el Ministerio de Transparencia, por supuestas irregularidades que provocaron que hace más de un año ese municipio de Beni se encuentre con las cuentas congeladas, informaron fuentes oficiales.

'El municipio tiene las cuentas congeladas, se encuentra paralizado, sin servicios básicos, sin obras y con un bloqueo, desde hace más de 20 días, propiciado por la misma Alcaldesa observada para presionar a los concejales a que aprueben sus informes de gestión que no cuentan con respaldos de gastos', reseña una nota institucional.

Esa situación habría derivado en que el municipio esté sin obras, sin servicios básicos y con salarios impagos dentro del Gobierno Autónomo Municipal, según informaron los concejales. El municipio de San Ramón cuenta con más de 7 mil habitantes 'cuyo desarrollo depende, en gran medida, sola y exclusivamente de la gestión municipal', en las cuestiones más básicas (recojo de basura, servicios a hospitales y escuelas).

Los hechos irregulares estarían vinculados a que en la gestión 2011, cuando se manejaron alrededor de 10 millones de bolivianos, de los cuales 7 millones se administraron vía caja chica y no cuenta con respaldos de gasto.

En la gestión 2012 se manejaron más de 5 millones de bolivianos, de los cuales más de 3 millones de bolivianos tampoco cuentan con respaldos, supuestamente existirían obras y servicios fantasmas como, la construcción de la plazuela de La Tradición, que figura como concluida y en los hechos no existe, además de la realización del 'supuesto Plan de Desarrollo Municipal' que tampoco existe, informó la concejal Zolana Román.

Asimismo, los miembros del Concejo Municipal anunciaron que no cederán a las presiones de la Alcaldesa y, de ser posible, se declararán en huelga de hambre en la sede de Gobierno hasta conseguir que las autoridades nacionales intervengan en el caso.