Lejos de llegar a una solución concertada, el conflicto edil en La Guardia se complica con la decisión de Rolando Romero de instalar una oficina paralela para ejercer el cargo de alcalde porque el despacho oficial está en poder de Jenny Fernández, que, amparada en el fallo constitucional a su favor, se instaló ayer temprano en la Alcaldía, tras salir de la clínica donde se recuperaba después del disturbio suscitado el lunes. Mientras tanto, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, declaró estar a favor de la legalidad y contra la violencia y agresiones sufridas por la alcaldesa Fernández.
Romero habilitó su oficina paralela en un ambiente del Concejo Municipal frente al edificio comunal, que sigue bajo custodia policial.
La noche anterior los seguidores de Romero levantaron la vigilia, por lo que Fernández aprovechó para ingresar a sus oficinas. Ayer nuevamente se reunieron, pero al no tener respuesta positiva de la Policía de abandonar el edificio central, optaron por otra salida. Cerca de las 13:30 Romero llegó en su vehículo hasta el edificio comunal, de donde los trabajadores lo cargaron en hombros para llevarlo al Concejo, donde instaló su despacho y también acondicionaron escritorios para que sus colaboradores comiencen a trabajar.
Inconvenientes
Tanto Romero como Fernández tienen problemas para trabajar normalmente. El primero no tiene la documentación, las computadoras y chequeras que están en el despacho, pero asegura que su firma está autorizada y el Concejo lo respalda.
Por su lado, Fernández está en el despacho edil con toda la documentación para trabajar, pero no tiene el personal ni su firma autorizada, aunque señaló que está haciendo las gestiones para habilitar su rúbrica.
Mientras tanto, el Concejo, que ayer sesionó, mantiene firme su apoyo a Romero, porque ellos aseguran que los vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal determinaron que la comuna guardieña es la que debe solucionar el conflicto, en el marco del respeto de su autonomía, por lo que exigen respetar la decisión del Concejo.
Ministra
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, condenó las actitudes violentas y se declaró partidaria del respeto a la legalidad, aunque aclaró que no se inmiscuye en asuntos internos de ninguna comuna. “Estoy en contra de la desestabilización y de la violencia y Jenny Fernández es una víctima de esa violencia”, afirmó Peña.
Recordó que hay un fallo judicial que es de cumplimiento obligatorio y que no hay excusa ni argumento valedero para justificar la agresión. Hizo notar que este caso entra en el tema del acoso político a las mujeres, un problema estructural en la sociedad boliviana que es preciso debatir. “Los liderazgos no llevan a la violencia porque así no hay soluciones”, concluyó la ministra
EN LA JORNADA
Vigilancia de la gente
Los trabajadores de Rolando Romero se mantuvieron en las puertas de la Alcaldía. En principio querían evitar el ingreso a personas particulares, pero luego optaron por tomarles fotografías como registro.
Susceptibilidad
Cuidaban que ninguna persona que no fuera parte de su grupo estuviera cerca de allí. Apartaron a personas que intentaban tomar fotos a los que estaban en la movilización.
Personal
Se supo que la alcaldesa Jenny Fernández hace una revisión de documentos y que ya designó a algunos colaboradores como al abogado Gerardo Morales, en asesoría jurídica.
El movimiento del pueblo
Los negocios de los alrededores mantienen semiabiertas sus puertas por temor a cualquier enfrentamiento. Los que están en los barrios un poco más alejados trabajan con normalidad. Los únicos paralizados son los que necesitan hacer trámites en la Alcaldía.
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