Una tranca de control de tránsito vehicular liviano y pesado instalada hace más de 40 años y controlado por la Policía Caminera, ubicada en el centro de la localidad de Santa Fe de Yapacaní, a 123 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, es la molestia de los vecinos de dicha población que piden el desalojo definitivo del lugar por constituir un perjuicio para la población y un sitio permanente de extorsión a transportistas tanto locales, provinciales, interdepartamentales y nacionales.
El pedido, según Carlos Arredondo, vicepresidente del Comité Interinstitucional de la provincia Ichilo, será enviado mediante nota escrita este lunes al general Guido Arroyo Arce, comandante Departamental de la Policía Nacional. "Estamos solicitando el retiro definitivo de esta tranca. Nos está dividiendo la ciudad en dos partes y para nadie es novedad cómo obstaculizan el paso, los actos de extorsión y abusos de parte de la Policía", señaló. Razones que priman. El motivo esgrimido por los habitantes es que dicho control se encuentra en el centro de la pequeña urbe. Además, denuncian que se ha convertido en un sitio de extorsión de cuanto vehículo pasa diariamente por ese lugar de la vía troncal Santa Cruz - Cochabamba y viceversa.
Se estima que diariamente por el lugar trajinan diez mil vehículos en ambas direcciones.
Tal como pudo establecer El Día, el paso normal de los vehículos del autotransporte tanto liviano y pesado es interrumpido por una improvisada cuerda que es tirada manualmente por una persona civil. Los diferentes conductores, además de presentarse ante el encargado policial en una improvisada oficina, son objetos de un sinnúmero de artimañas de control de parte de los conductores. "Esta bien que hagan el control de licencias, el estado de los vehículos. Pero ellos (los efectivos policiales) se aprovechan de una serie de artimañas para sacarnos multa y bajo amenazas somos extorsionados", relató Ricardo Vargas, transportista internacional.
Otros testimonios que evitaron dar su nombre apuntan a que en la zona, sí o sí, los vehículos pequeños tienen que dejar "para la vela", entre dos a tres bolivianos. por vehículo.
"No solo que nos perjudica a los habitantes de Santa Fe, el problema es que dicha tranca no tiene razón de ser. Se encuentra en el centro del pueblo y solo se ha convertido en un punto de división, de injusta recaudación y extorsión, esas denuncias son permanentes por los choferes", señaló Martín Oropeza, subalcalde de dicha localidad perteneciente al municipio de San Carlos de la provincia Ichilo.
Denuncia formal. Ante las permanentes demandas y pedidos expresados por un grupo de vecinos del barrio San Lorenzo que quedó fuera de la urbe, sumada la protesta generalizada de los transportistas de la región, el clamor se tradujo en un pedido formal ante el Comando Departamental de la Policía solicitando el desalojo de dicho puesto de control.
La nota escrita firmada por los miembros del Comité Interinstitucional de la provincia Ichilo, la misma que será enviada esta semana, señala que en dicho lugar "los funcionarios que operan en este puesto se dedican a diario a extorsionar a ciudadanos que pasan por el lugar conduciendo cualquier tipo de vehículo", enfatiza.
Otras autoridades municipales como Katzumi Bani, alcalde de "San Juan de Yapacaní", expresa que si bien se entiende la necesidad de un control policial, especialmente para evitar accidentes de tránsito, la ubicación no es la más adecuada tanto técnica ni logísticamente. "Nos adherimos al Comité Interinstitucional de la provincia Ichilo para solicitar urgentemente el retiro de este puesto de control policial", apuntó.
Otras reacciones. Por su parte, Fidel Baptista, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado, ha señalado que si eso está ocurriendo con esta tranca su institución hará conocer de manera urgente ante las instancias gubernamentales. "Yo entiendo que la Policía por seguridad haga controles. Pero dicho control debe ser transparente. Pero de ninguna manera se pueden hacer cobros ilícitos. No he recibido ninguna denuncia sobre este tema específico, nosotros vamos ha verificar esa situación", argumentó.
Por su parte, la Cámara de Transporte del Oriente ha manifestado su preocupación de que esto suceda, aunque informaron que aún no es de su conocimiento de manera oficial. "Ni bien tenga una información certera sobre esta situación, nosotros nos plegamos a ese reclamo de dicha población", señaló Baptista.
El subalcalde Oropeza reiteró que la mayor preocupación de dicho puesto de control es su ubicación urbana. Más aún cuando esta vía troncal interconecta también con otros municipios y centros productivos como son la Colonia San Juan de Yapacaní y los pueblos de la Enconada y Ayacucho de donde emergen la producción de arroz y cítricos.
Esta posición no es compartida por un grupo de vendedoras de fruta que tienen sus ventas en dicha población. Ellas manifiestan que si sacan a otro lugar, quedarán sin trabajo. "Toda la vida andan diciendo lo mismo, las autoridades quieren alejarnos de tener seguridad ciudadana al pueblo", justificó Justina Mamani, viviente del pueblo.
En la versión de la 'Caminera'. La Policía Caminera, a la cabeza de su director, Gabriel Abella, manifestó que la preocupación de los pobladores de Santa Fe no es nuevo, ya en abril pidieron esa necesidad, por lo que admitió que él mismo fue al lugar y habló con ellos.
"Quiero desvirtuar todo esto. La política del Gobierno, los ministros y la Policía es transparentar el servicio. Y esta tranca de Santa Fe evidentemente está dentro el pueblo. Yo fui, hablé con ellos, al final ellos no quieren que nos retiremos. Con respecto a las denuncias, no conozco. No hay una denuncia concreta, no dan nombres", apuntó.
Abella, coincidió con las autoridades de dicha población en la necesidad de trasladar a otro lugar. Pero en la misma medida destacó que la tranca cumple una función importante en el control del contrabando, el incesante tráfico de gasolina, diésel y otros líquidos. "Nosotros no nos aferramos a quedarnos en ese lugar. Es más, estamos buscando otro lugar. Estamos proyectando realizar una infraestructura nueva que amerita tener. Estamos conscientes de esa petición ya que la tranca se encuentra en vía urbana", señaló. Para su materialización pide que el Municipio le dote un terreno.
"Ocurre que acá los policías se dan modos para encontrar siempre una infracción. Ellos por el sellado de la hoja de ruta piden dinero como concepto de colaboración. Si hallan algo dudoso entonces extorsionan".
Carlos Arredondo
vicepresidente del comité interinstitucional de la provincia Ichilo
Exigencias
Pueblo y Policía apuntan a otro lugar de control
Policías. En el lugar los diez efectivos destinados a cumplir la tarea del control del tráfico y transporte de mercancías, sobrellevan su trabajo en medio de una precaria infraestructura.
Flujo. El tránsito vehicular es incesante por la zona. Desde las flotas interdepartamentales, pasando por los camiones de alto tonelaje, cientos de vehículos livianos del autotransporte interprovincial y local, además de los vehículos particulares circulan la vía.
Peligro. En Santa Fe recientemente la Fuerza de Tarea Conjunta instaló una base militar para la lucha antidroga y el control de estupefacientes.
Punto de vista
Carlos Arancibia
Asesor legal de la Cam. Trans. Oriente
"Sería muy peligroso para el sector productivo"
"Al margen de que hay normas establecidas por el Estado que la atribución se la confieren al Ministerio de Economía y Finanzas, quien es el único organismo que faculta a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) hacer los peajes correspondientes en los lugares determinados que el Gobierno lo autoriza y lo define, ningún otro organismo ya sea policial, de ayuda social, de poblaciones o cantones tiene la particularidad o la opción y el derecho de hacer cualquier tipo de cobro de dinero.
Para tener un antecedente, hace dos años en Villamontes en el puente de dicha localidad instalaron un puesto de control para hacer un cobro de 20 bolivianos de ayuda social. Lo denunciamos al Ministerio correspondiente y luego el Gobierno intervino y se llevó presos al alcalde y otras autoridades más. Porque en ninguna otra instancia del país hay facultad para hacer cobros.
En el caso de esta tranca no habíamos tenido conocimiento. Pero sí sabemos que todos los retenes del país, las trancas, se han convertido en sitios de extorsión. Para citar, en el caso de Santa Fe, cuando baja un transportista tiene que hacer sellar una roseta o declarar qué tipo de carga está llevando o qué tienen. Ahí lo primero que le piden es para la velita, y la velita son dos bolivianos, luego pasa a tránsito: ellos le preguntan ¿dónde se dirige?, “a tal parte”, dice el chofer. Entonces el policía le dice “déjenos su contribución de cinco bolivianos” y si dice que no tiene, entonces empiezan a pedir los requisitos exigidos como son los extinguidores, el botiquín, en fin, eso deriva en estos organismos operativos de los malos funcionarios que aplican multas hasta de 200 bolivianos y al final terminan transando. A excepción del transporte internacional que obviamente cumplimos con todo para ingresar a otros países, el transporte local e interdepartamental no todos cumplen esas normas. Y ahí es donde muchos fallan y el policía aprovecha extorsionándolo. Lo tenemos esos hechos identificados, lo hemos hecho conocer estos problemas al Ministerio de Economía y sobre todo en Diprove se cometen estos hechos. Nos provoca. Es un tema complejo que no se acaba".
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