A casi tres meses del conflicto entre cooperativistas y comunarios en la localidad de Arcopongo, nuevos conflictos por límites empiezan a surgir entre los habitantes de esta región y pobladores de La Asunta, situación que se complica por el incumplimiento de la habilitación de puestos policiales comprometidos luego de los enfrentamientos en los que se cobró la vida de tres personas, informó el asambleísta de la región Genaro Alejo.
“Nuevamente se están dando enfrentamientos, hay un movimiento de personas que han comenzado con las agresiones que puede provocar nuevos enfrentamientos entre comunarios de Arcopongo y La Asunta, por problemas de limites por una parte de Palos Blancos, lo que es realmente preocupante porque en meses pasados se registraron enfrentamientos con saldos fatales”, manifestó la autoridad.
Indico que las comunidades de Palma Flor, Chaqueti y otras que pertenecen a La Asunta comenzaron con amagues de enfrentamiento; “aún no se llegó a usar armas de fuego como sucedió hace tres meses atrás, pero la intención de sacar oro del río Chaqueti ha generado agresiones físicas entre los comunarios”.
“Las autoridades se comprometieron a poner puestos policiales de vigilancia que apacigüen el lugar, sin embargo hasta el momento no existe seguridad, hemos bajado hace dos días atrás y no existe ni un punto policial, seguimos en el abandono sin que las autoridades de la Gobernación y del Ministerio de Minería hagan algo respecto”, expresó el representante de la región.
Según una carta que hicieron llegar a EL DIARIO algunos pobladores de Arcopongo, pidiendo que se guarde su identidad, este nuevo conflicto se debería a que se estaría intentando retomar en su totalidad las actividades mineras en la región, donde la mayoría de los trabajadores vienen de la región de La Asunta.
“Las noticias emitidas sobre el conflicto de Arcopongo y las opiniones aclaratorias, dadas por la primera autoridad del departamento, son parciales e insuficientes como para entender la parte central del problema. En esta región de nuestra provincia, los inquisiveños sufrimos la invasión paulatina de los Quechuas de la Provincia de Independencia de Cochabamba y de los yungueños del municipio de La Asunta. Desde hace muchos años atrás, los comunarios de La Asunta han venido invadiéndonos extrayendo el oro del rio Chaquety”, expresa la denuncia.
Asimismo, los denunciantes con los que se logró tener una entrevista, señalaron que a pesar de no ser jurisdicción de La Asunta, este municipio ya ha instalado escuelas y caminos que son de uso exclusivo y por los que cobran un monto de Bs 80 para permitirles el paso, infraestructura que ha sido utilizada como medio de chantaje para conseguir concesiones de explotación aurífera.
“Lo que nos llama la atención es la actitud de los cooperativistas de Palma Flor de poner dos trancas de control en la comunidad de Sik-imirani y en la punta del camino carretero semiconstruido, ubicada la primera a dos días de camino a pie del lugar de explotación y la segunda a un día de camino”, indicaron los pobladores que no son explotadores de oro sino que aún trabajan de la agricultura y ganadería.
Los comunarios afirman que en este lugar se cerró el ingreso a comerciantes de la misma provincia Inquisivi e incluso se llegó a prohibir la libre circulación de movilidades y las personas ajenas, como si Arcopongo fuese otro territorio, apoyados en el resguardo de los pocos oficiales que llegaron hasta la zona.
“La presencia de la policía nacional y el control respectivo ha llegado a oficializar la primera tranca en la población de Sik-imirani. Lo que parecía una iniciativa de la comunidad, involucrada en la explotación aurífera, se concretó como lugar oficial de control de entrada a la zona aurífera”, denunciaron los pobladores.
DATOS
- El 18 de mayo se produjo un enfrentamiento con uso de armas de fuego en la población de Palma Flor del cantón de Arcopongo, entre comunarios de esta zona y cooperativistas de la mina Ulacaya Condorini, que dejó un saldo de tres muertos y varios heridos.
- Días después una comisión investigadora, conformada por representantes de la Gobernación paceña, el Ministerio de Minería, el Ministerio Público y la Policía se dieron cita en el lugar del conflicto, para evidenciar la identidad de los fallecidos y las causantes del conflicto.
- Fruto de estas investigaciones, el Ministerio de Minería y Comibol ordenaron la paralización de toda actividad minera y trámites de concesiones en el lugar, sin embrago desde hace tres meses los pobladores denuncias que las actividades mineras aún continúan.
- Al momento ocho presuntos implicados fueron detenidos, mismos que se encuentran en el penal de San Pedro de la Sede de Gobierno bajo detención preventiva, sin que haya avanzado las investigaciones del caso.
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