El alcalde de Santa Rosa, del departamento de Pando, Avner Beltrán, presentó acción de Amparo Constitucional en contra el Concejo de su municipio, debido a que ediles se niegan a reincorporarlo en sus funciones de burgomaestre.
El Tribunal de garantías constitucionales deberá señalar día y hora para la realización del acto, que en los hechos determinará también la suerte de tres autoridades suspendidas, aunque el recurrente sea solo Beltrán.
Beltrán estuvo detenido un año y medio en la cárcel de Villa Bush y se mostró temeroso de realizar cualquier comentario, que pudiese redundar en una mayor persecución.
En caso de restitución, los municipios deberán pagar los meses por los que fueron ilegalmente suspendidos.
Ninguno de los alcaldes suspendidos por procesos penales en Pando logró que se los restituya en sus funciones, pese a la existencia de una sentencia constitucional que declaró ilegal y contrario a la Constitución Política del Estado (CPE), la suspensión de los alcaldes a sola imputación de delitos.
SUSPENDIDOS Y PRESOS
Bajo la figura de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tres alcaldes de diversos municipios de Pando fueron suspendidos de sus funciones.
Los alcaldes de Puerto Rico, Santa Rosa y Nueva Esperanza terminaron sin trabajo y presos en el penal de Villa Bush, pero lograron su libertad, a causa que el Tribunal Constitucional de Sentencia (TCS), hace poco tiempo, determinó que era ilegal la suspensión de los ediles, y dispuso que sean restituidos.
MUNICIPIOS
La alcaldesa de Nueva Esperanza, Margarita Jiménez, logró su libertad hace pocas semanas. Su municipio está situado en las proximidades de la frontera con Brasil y el departamento del Beni, en las cercanías de Cachuela Esperanza, provincia Federico Román.
Hace una semana, la autoridad edil pidió al Concejo de su municipio la reincorporación, sin que exista pronunciamiento alguno sobre su pedido. La Alcaldesa aún suspendida, se encuentra actualmente internada en una clínica con problemas renales, sin ingresos y enfrentando el proceso que le sigue el Ministerio Público.
“Me están llevando a juicio sin pruebas. Los concejales se aferran a mi cargo” comentó Jiménez, quien pasó un año detenida a consecuencia del proceso que le siguen.
El municipio de Nueva Esperanza cuenta con una población aproximada de 2 mil familias, y un presupuesto asignado de aproximadamente 8 millones. En la actualidad, su cargo está ocupado por Eusebia Maji, quien se desempeñaba como concejal suplente.
RENUNCIANTE
Otra de las autoridades suspendidas es la alcaldesa de Puerto Rico, Rita Rueda. Cabeza del segundo municipio más importante en población y recursos del departamento de Pando, con una capacidad de inversión y gasto superior a los 30 millones, Rueda tuvo que enfrentar un proceso penal que determinó su detención en el penal pandino, por más de 1 año y 4 meses.
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