Ante el incumplimiento de la Ley No. 3962, en la que se declara prioridad el asfaltado del tramo Villa Remedios, Sapahaqui, Caracato y Ayo Ayo, autoridades municipales, originarias y pobladores de las provincias Aroma, Loayza e Ingavi, convocan un ampliado para retomar los bloqueos en diferentes sectores de la carretera La Paz–Oruro, según infirmó el vicepresidente del Comité Cívico de Sapahaqui-Caracato de la segunda Sección de la provincia Loayza, Claudio Coronado.
“Hay una ley pero no está siendo cumplida, por eso estamos llamando a un ampliado de emergencia para el próximo domingo, para ver cómo vamos a actuar y desde cuándo se retomarán los bloqueos, ya que al parecer si no hay presión a uno no lo escuchan, incluso hemos pedido audiencias con el Presidente, porque las otras autoridades no cumplen con los acuerdos”, señaló Coronado.
Ante esta desatención autoridades y pobladores bloquearon la carretera La Paz–Oruro, en la altura de Ayo Ayo, Calamarca y Villa Remedios, el lunes 16 de junio por el lapso de 48 horas, sin embargo, los movilizados entraron en un cuarto intermedio a pedido de una comisión gubernamental enviada desde La Paz, con la que se acordó un lapso de dos semanas para dar una respuesta.
En este contexto, el pasado lunes se cumplió el plazo solicitado sin que el sector movilizado tenga una respuesta de autoridad alguna, razón por la que cansados de intentar ser escuchados por la Gobernación decidieron pedir audiencia con el presidente Morales y retomar sus movilizaciones.
“Ya nos hemos reunido con autoridades de la Gobernación varias veces, inclusive en cuatro oportunidades con el Gobernador mismo, quien nos ha indicado que no hay plata, por lo que hemos buscado financiamiento por nuestra cuenta”, señaló Coronado.
En su opinión, a pesar de la existencia de Ley No. 3962 aprobada por el Legislativo y promulgada por el Primer Mandatario del Estado, el 7 de noviembre de 2008, con las autoridades departamentales, no se pudo gestionar el financiamiento para esta obra de importancia interprovincial e interdepartametnal.
Asimismo, los propios interesados han buscado y conseguido un ente financiero que no obtuvo respuesta positiva, por parte de las instancias correspondientes, quienes indicaron que se está trabajando un estudio Técnico Económico Social Ambiental (TESA).
“No solo se cuenta con el estudio, sino que existe un proyecto a diseño final que ya contaba con el financiamiento, pero no sabemos que es lo que ha sucedido. En estos estudios y proyectos ya se ha gastado casi dos millones de bolivianos, no puede ser que no haya plata para el asfaltado”, señaló.
Desde el Comité Impulsor, los comités de Defensa, las autoridades originarias, autoridades municipales y pobladores de las tres provincias, que se beneficiarán de esta obra, anunciaron que de no ser atendidos iniciarán un bloqueo indefinido de carreteras, a las que se sumarán piquetes de huelguistas y marchas en la urbe paceña, hasta que se dé cumplimiento a la ley.
Para Coronado, la construcción del camino asfaltado ayudará a los planes de desarrollo integral de los recursos humanos, económicos y sociales de las poblaciones de las tres provincias involucradas.
“Con este proyecto vial se podrá sacar de la pobreza a los habitantes de las poblaciones intermedias, fortaleciendo su economía, a través del potenciamiento de las actividades productivas”, manifestó Coronado.
Por otro lado, los pobladores también ven en esta vía, como un elemento de integración entre estas tres provincias, que puede ser aprovechado para la implementación de un circuito turístico en la región, ya que en estas poblaciones se encuentran los hitos que marcaron la vida de Bartolina Sisa y Túpac Katari, dos símbolos de la identidad altiplánica.
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