Leidy Quispe Choquehuanca, de 30 años de edad, fue detenida por el supuesto delito de explotación laboral en contra de tres menores quienes trabajan en la localidad de Caranavi desde las 07.00 hasta las 24.00 sin la adecuada remuneración.
La información fue dada a conocer por el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (Felcc) de El Alto, coronel Juan Sanjinés, quien agregó que las menores fueron reportadas como desaparecidas desde el 10 de marzo pasado.
Joselyn es una de las menores que logró huir de la pensión donde las tres amigas eran explotadas con un pago de Bs 15 al día luego de llegar a trabajar más de 17 horas pelando papa, zanahoria, lavando arroz, trigo, carne y otras actividades que debían desempeñar para obtener el mencionado salario y un plato de comida.
Por esta razón, el equipo especializado de la División de Trata y Tráfico de la Felcc, dirigido por el teniente Fernando Susara, se trasladó a dicha localidad para recuperar a las dos menores restantes y detener a la principal implicada.
“Una vez que la menor llega a salir del domicilio y llega a la ciudad de El Alto denuncia como fue la misma captada junto con sus dos amigas quienes continuaban en el restaurant hasta que se produjo la intervención policial y la detención de la principal responsable”, explicó el coronel Sanjinés.
En el informe preliminar se establece que las menores fueron captadas a la salida de la Unidad Educativa Antogafasta, donde fueron, supuestamente, convencidas para ir a trabajar por Leidy Quispe, quien con engaños les ofreció un ingreso económico mayor a los Bs 2.000 a cambio de su trabajo.
Las menores llegaron a Caranavi luego de atravesar todas las trancas donde no se realizó ningún control a las flotas que recorren dichas rutas y cuando llegaron a la población las mismas realizan los trabajos domésticos por las que fueron contratadas.
“Las menores estaban registradas como desaparecidas en la División de Trata y Tráfico, a denuncia presentada por sus progenitores, razón por la que la detenida es remitida al Ministerio Público por el presunto delito de trata y tráfico de personas para explotación laboral”, aclaró el coronel Sanjinés.
En tanto que, en sus declaraciones, la sindicada habría reconocido que pudo verificar en medios televisivos la denuncia de sus padres sobre la desaparición de las menores, pero prefirió mantenerlas encerradas sin brindar ninguna cooperación a las instancias policiales, factor que agrava el proceso penal por abstenerse a cooperar en la reinserción familiar de las mismas con sus padres.
En la ciudad de El Alto, en la actualidad, las casas de empleo o las ofertas laborales publicadas en medios de comunicación son uno de los principales factores por los que varios menores de edad, sobre todo mujeres, llegan a ser captadas y trasladadas a poblaciones rurales o fuera del territorio nacional con el riesgo de que las mismas sean víctimas de explotación laboral, sexual o utilizadas para el tráfico de órganos.
Asimismo, se observa que pese a las labores de control en algunas terminales de buses interdepartamentales, por parte de la defensoría, para evitar la salida de menores sin el consentimiento de sus progenitores, dicha acción no es aplicada en terminales de buses interprovinciales facilitando el traslado de los y las menores con personas ajenas que cometen diferentes ilícitos gracias a esta ausencia de control.
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