Desde la provincia Inquisivi se ha llamado a un ampliado general provincial, para el domingo, en el que se definirá las acciones a tomar, por el mal manejo de las investigaciones de lo sucedido en la localidad de Arcopongo. Se anunció bloqueos de carreteras en busca de justicia para los muertos en el sector.
“No hay justicia, hemos venido a La Paz a denunciar lo que está sucediendo, sin embargo nosotros mismos estamos siendo perseguidos, por los de la cooperativa Ullakaya, por medio de sus asesores, como lo es el abogado Eduardo León, que solo buscan acusar a los verdaderos originarios del lugar”, manifestó uno de los dirigentes que no quiso ser identificado por temor a represalias.
Los seis municipios de Inquisivi se reunirán el domingo en el sector de Colquiri, para definir el bloqueo de caminos, carreteras y una marcha hasta la Sede de Gobierno que busca inmovilizar al país entero, declarando a toda la provincia en emergencia.
Esta determinación se habría tomado luego de la reunión realizada la tarde del lunes entre dirigentes provinciales y el Ministerio de Minería, en la que no se han hallado soluciones concretas, ya que por única respuesta recibieron una explicación de la inmovilización temporal de las operaciones mineras en Arcopongo, además, de la detención de tres dirigentes para quienes no se respetó el fuero sindical.
“Estamos muy indignados, porque al ir a la reunión con el Ministro de Economía nos han interceptado en la plaza San Francisco de La Paz y se han llevado por la fuerza a tres dirigentes directamente a la Fiscalía, sin haber sido llamados o notificados, nosotros nos hemos atajado para que no los detengan y ahora resulta que somos prófugos, los comunarios están muy molestos, porque no existe justicia, nosotros hemos sido avasallados y nosotros estamos siendo culpados”, manifestó el secretario de conflictos de la federación de Campesinos Tupaj Katari, Constantino Quispe.
Quispe expresó que la detención de los tres dirigentes identificados como Román Chávez Nina, Amilcar Milan Marka Poma y Maura Alanoca Eugenio ha sido tomada como una provocación a la provincia entera.
De la misma forma, en una contra acusación, los dirigentes Jaime Romero y Francisco Marca manifestaron que Constantino Quispe y Anastacio Ramos tendrían intereses en el lugar, por lo que amenazan con bloqueos y medidas de presión.
Por su parte, Francisco Marca, quien dice ser el defensor de territorios de la provincia y acusado por Quispe de estar usurpando funciones, ya que habría sido sacado de su cargo hace dos años atrás por un congreso provincial, manifestó que estos tres dirigentes ligados a Palma Flor, serían las “cabecillas” del conflicto y que habrían escapado para no declarar.
“Han huido por no declarar, Chávez en la zona siempre anda vestido de militar y tiene armas; Marca es el hermano del asambleísta implicado, Juan Marca Poma; y Alanoca es la cuñada del mismo asambleísta, estas personas están siendo protegidas por la diputada Gladis Vargas, Carlos Troche y Julia Figueredo del MAS, que también están implicados en el caso”, manifestó Romero.
En este contexto, ambos dirigentes manifestaron que en la población de Siquimirani existirían 100 hombres armados que no están siendo contemplados por las autoridades y que serían cooperativistas que han solicitado concesiones para trabajar en los diferentes sectores del río Chaqueti, como Chaqueti A, Chaqueti B, Elenapampa, Palma Flor y Chullpamarca, sabiendo que ya estaban ocupados, y que a pesar de esto consiguieron los papeles en muy corto plazo, motivo que ha causado los enfrentamientos, ya que con estos documentos se resisten a retirarse del lugar.
Las acusaciones se lanzan de ambos lados, los pobladores simplemente piden un proceso legal, transparente e imparcial, para detener la incertidumbre y temor que crece en el lugar y que día a día va implicando a nuevos responsables, y de los que hasta la fecha no se tiene un pronunciamiento oficial.
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